Supermercado quiso cobrar recargo con la tarjeta AlimentAR y le costó caro

Por aplicar el aumento del 10% el local debió pagar las consecuencias.
domingo, 26 de enero de 2020 · 12:40

El gobierno de Alberto Fernández prometió cuidar a los que menos tienen y en ese marco lanzó el plan de Lucha contra el Hambre en Argentina, a través del cual repartieron las tarjetas AlimentAr.

El plástico sólo sirve para comprar alimentos de la canasta básica y cuenta con 4 mil o 6 mil pesos de carga dependiendo de la cantidad de hijos que tengan los usuarios que perciban la Asignación Universal por Hijo. Con AlimentAr no se puede extraer dinero y los comercios tampoco pueden cobrar recargos a los consumidores.

Sin embargo, en la municipalidad de Almirante Brown detectaron que un supermercado aplicaba un recargo del 10 por ciento por comprar con la tarjeta AlimentAR y obligaba a agotar el total del crédito en una sola adquisición.

Las irregularidades fueron registradas en un comercio, ubicado en Vucetich y Lahille, en el marco de controles de la Dirección General de Inspección del municipio, que se profundizaron para verificar el cumplimiento del programa de Precios Cuidados y el Plan Argentina contra el Hambre.

Ante este escenario, que rompía con lo ordenado en el marco del uso de la tarjeta alimentaria del Gobierno, se procedió a clausurar el negocio ubicado en la localidad bonaerense de Ministro Rivadavia.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo informó que "ningún comerciante debe cobrar recargo o comisión por la Tarjeta AlimentAR", mientras que la cartera a su cargo informó en un comunicado que en Concordia también se clausuraron negocios por abusos.

"No vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares. Esta es una política de Estado, que encabeza el presidente Alberto Fernández, para un país que tiene un problema de hambre y de malnutrición", advirtió y sentenció el oficialista. Por último, la cartera de Desarrollo Social recordó que los consumidores que usen la tarjeta K pueden denunciar irregularidades en las oficinas de Defensa del Consumidor de los municipios o en las fiscalías.

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