Ambientalistas en Chubut: por qué se oponen a la ley de minería

El miércoles, la Legislatura de Chubut aprobó el proyecto de la zonificación minera en la Meseta Central y ayer, jueves, el gobernador Mariano Arcioni promulgó la ley. Pese al apoyo legislativo y ejecutivo, manifestantes ambientalistas y obispos rechazan la ley de minería.

La iniciativa que habilita a desarrollar la actividad en la provincia fue aprobada por 14 votos afirmativos, contra 11 negativos. Los sectores opositores alegan, entre sus argumentos centrales, que la minería afectará los recursos naturales locales.

Uno de los principales opositores a la ley de minería es Santiago Vasconcelos, ambientalista y asambleísta en defensa del territorio de Puerto Madryn, quien en declaraciones radiales agregó que el proyecto fue votado “a espaldas de la sociedad”.

Según expresó en Radio U, se trata de “un proyecto que perjudica profundamente a la provincia de Chubut y sus recursos naturales”. Y agregó: “Se aprobó entre gallos y medianoche para evitar la movilización de la sociedad, que está en contra de estos intereses”.

Otro de los motivos por los cuales resisten la iniciativa es que consideran que el término “zonificación” no es más que un eufemismo, para no referirse a la megaminería. Por ese motivo, Vasconcelos remarcó: “La sanción sería como una zona de excepción”.

Finalmente, los ambientalistas recordaron que hasta hace unos años el gobernador Arcioni se oponía a que el sector se desarrollara en la provincia. Sin embargo, una vez en el poder “traicionó” sus ideales antimineros e impulsó la ley de zonificación.

La opinión de la Iglesia

Luego de congregarse en la Legislatura de Chubut, un grupo de manifestantes saltó una valla de seguridad y accedieron al edificio de la Casa de Gobierno. Allí, prendieron fuego muebles, computadoras y archivos.

Al respecto, los obispos de la región patagónica también sumaron su voz de rechazo a la ley de minería, aunque llamaron a la “pacificación” y a la “resistencia pacífica” ante la “violencia institucional” por parte de la Policía provincial.

En su comunicado, las autoridades eclesiásticas se dirigieron al querido pueblo del Chubut, con preocupación y asombro: “Asistimos al avasallamiento del derecho ciudadano a un debate auténticamente democrático".

Según precisaron, “se debió haber garantizado, entre otras cosas, un proceso que culminara con la obligatoria licencia social, los necesarios espacios de debate para encauzar dudas, objeciones y aportes de organismos científicos”.

Finalmente, sostuvieron: “Para que vuelva la paz social, solo es posible que sea derogada la ley e iniciar un largo proceso de acuerdo que involucre a todas las partes”.