SUSANA GIMÉNEZ

Escándalo: la acusación que podría llevar a Susana Giménez a la cárcel

La noticia fue revelada por La Nación y el programa "Intrusos" tuvo la palabra del contador de la diva.
martes, 30 de agosto de 2022 · 17:58

A pesar que desde hace algunos años Susana Giménez decidió cambiar su domicilio y radicarse en el Uruguay, parece haber algunas cuentas pendientes con la AFIP que podrían ocasionarle más de un dolor de cabeza. 

Según un documento que publicó el diario La Nación, La Administración Federal de Ingresos Públicos acusó a la reconocida conductora de "evadir impuestos" en el año 2019 y, de acuerdo a la ley, la persona acusada, en este caso Susana Giménez, podría recibir una pena de 3 a 9 años de cárcel. 

Giménez podría ser llamada por la Interpol en caso de que se niegue a presentarse en la Argentina.

De acuerdo a la justicia, Susana Giménez tendría una deuda que podría ascender a 300 millones de pesos (sumando multas e intereses) y a esto se le agrega también que se negó a hacer la declaración a la riqueza impuesta en pandemia. "No existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento. Por lo tanto, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal", reza el documento filtrado por La Nación. 

Para alivio de la diva de los teléfonos, el organismo no apunta a condenarla con años de cárcel, pero sí expone que la llamará a declarar por medio de una orden realizada por el Ministerio Público. Cabe destacar que esta acción provino luego de que la AFIP rechazara  una cautelar impuesta por la amiga íntima de Mirtha Legrand en julio de 2022. 

La empresaria decidió mudarse en el 2020 al Uruguay, entre otras cosas, por conflictos políticos con el Gobierno actual.

 

La defensa de Susana Giménez

El medio "Intrusos", quien trató la noticia en su programa del día 30 de agosto, obtuvo la palabra del contador de la estrella de Telefe, César Litvin, quien negó un "engaño" a las autoridades por parte de la empresaria. Incluso, destacó que el problema radica en que "no se judicializó". 

"Textualmente dice: 'Es una judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho a la propiedad protegido por la Constitución. Desde nuestro punto de vista, no hay delito", leyó la panelista Maite Peñoñori en vocería de Litvin. 

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