El Gobierno prepara una cobertura a empleadores para los casos de los trabajadores antivacunas

Al no ser obligatoria la inmunización, impulsan una resolución para dirimir este tipo de situaciones.
lunes, 2 de agosto de 2021 · 09:50

Con el avance de la campaña de vacunación y la apertura de prácticamente todas las actividades, surge un gris en las normativas. ¿Qué hacer en el caso de que un trabajador o trabajadora sea antivacunas?

Ante esta situación, pueden darse diferentes escenarios. El primero, que la persona no se quiera vacunar pero tampoco asistir a su lugar de trabajo por las condiciones epidemiológicas. El segundo, que sí quiera ir, pero que el empleador lo considere un riesgo para el resto.

Por esta razón, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, prepara una normativa basada en la “buena fe”, que se describe en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo.  

La primera dosis está garantizada en toda la población mayor de 18 años en Argentina, por lo que los trabajadores que no se hayan vacunado es por su decisión.

“Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo”, plantea la legislación laboral.

Asimismo, esta discusión que se abre en Argentina se debate a nivel internacional porque, al no ser obligatoria la vacunación contra el coronavirus, no se sabe hasta qué punto un empleador o empleadora puede o no exigir a los y las trabajadoras.

Por otro lado, el ministro de dicha cartera, Claudio Moroni, articula esta normativa con el sindicalismo que, en principio, no se opondría a esta nueva disposición.

 

Las posibles sanciones

Hasta el momento, la mayor penalidad que podría hacer el empleador es la suspensión del salario. Sin embargo, según el expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, citado por Ámbito Financiero, no se podría sancionar por este motivo a ningún trabajar o trabajadora.

Ya se aplicaron 32.335.391 vacunas, por lo que 25.178.202  personas tienen al menos la primera dosis y 7.157.189 completaron el esquema.

“Más allá de lo que cada uno piense del que no se quiere vacunar, hoy no hacerlo es todavía un derecho. Por ende, nadie debería ser sancionado o despedido de su trabajo por no hacerlo”, argumentó el letrado especialista en la materia.

A su vez, como parte de los fundamentos posibles, una persona podría “invocar motivos religiosos y no podría ser acusado de obrar de mala fe”. Por eso, “si un trabajador” antivacunas “se pone a disposición y es el empleador el que no quiere que vaya a trabajar, tampoco puede haber una consecuencia que lo perjudique, ni disciplinaria ni salarialmente porque cumple con su obligación de poner su fuerza de trabajo a disposición de quien lo contrató”.

En definitiva, la normativa debería ser interministerial entre Trabajo y Salud, ya que la vacunación es un hecho individual con fines colectivos y lo que cada ciudadano o ciudadana haga en materia sanitaria afecta al resto de la sociedad.