Rodríguez Larreta podría sufrir consecuencias legales tras la filtración de datos de vacunados

La organización Defensoría de Laburantes comenzará a recolectar información y pruebas para iniciar acciones legales contra el gobierno porteño por "uso ilegítimo de datos personales" obtenidos mediante la Línea 147.
miércoles, 1 de septiembre de 2021 · 20:36

Trabajadores del call center GIV S.R.L, empresa encargada de cumplir con las tareas de atención a la línea de consultas de la Ciudad de Buenos Aires, denunciaron que desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta los obligaron a realizar tareas de campaña para María Eugenia Vidal y Diego Santilli de cara a las PASO. Además, reclamaron un estado extremo de precarización laboral y hostigamiento por parte de los jefes.

Según el reclamo, radicado en la Defensoría de Laburantes, la tarea consistía en llamar a los vecinos para invitarlos a tomar un café con algunos de los precandidatos a diputados nacionales. En caso de que se les consultara cómo habían conseguido el número, debían fingir que eran militantes voluntarios. A partir de esto, con el objetivo de iniciar las acciones legales correspondientes contra el Jefe de Gobierno y sus pares, la organización comenzó a convocar por redes sociales a todas aquellas personas que recibieron llamados relacionados con las elecciones sin saber de dónde obtuvieron sus datos.

Campaña de Defensoría de Laburantes a través de su cuenta de Twitter.

En diálogo con el medio Notas, Tamara Rossi, abogada de la Defensoría, afirmó que “nunca se les informó que iban a trabajar para la campaña, simplemente les cambiaron las tareas y se los obligó a que las empiecen a cumplir”. Ante el aumento de trabajo, se duplicó la cantidad de seis horas laborales e incluso se les prometió un salario mejor. Sin embargo, de acuerdo a lo que informó la letrada, los hicieron firmar un contrato por el mismo sueldo.

Empezaron a sufrir presiones, hostigamientos y malos tratos para cumplir con un cierto número de comunicaciones diarias

Con respecto a la situación de trabajo, los mismos empleados detallaron que en el lugar no había ningún tipo de protocolo por el coronavirus y que incluso existieron casos positivos que nunca fueron notificados. Por otro lado, confesaron que solo había un baño habilitado para las 70 personas y que tenían restricciones para usarlo: debían pedir permiso y medían con cronómetro cuánto tardaban en volver. “En medio de todo esto, los insultos eran constantes”, añadieron. Ante esto, se inició un reclamo en la justicia laboral porteña contra la empresa y el gobierno que tiene al mando a Horacio Rodríguez Larreta.

 

Denuncia previa por redirección de presupuesto público

Según publicó la Defensoría de Laburantes, durante marzo pasado, el GCBA le incrementó a la empresa GIV el objeto de su contrato en aproximadamente 2.400% por un monto cercano a los 750 millones de pesos. "Esta modificación contractual es posible por los superpoderes que otorgó la Legislatura a Rodríguez Larreta y que jamás tuvo otro Jefe de Gobierno en democracia", continuó el informe.

De acuerdo a lo especificado por la organización, esta privatización solo se explica por la intención del gobierno porteño de terciarizar la prestación del servicio para que una empresa gane dinero. "Se irresponsabilizan y otorgan vía libre a la super explotación de trabajadores, que además se ven sometidos a violencia y hostigamiento y, para terminar con la ronda de abandono, deja a les ciudadanes muchas veces sin la falta de atención que necesitan", sentenciaron.

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