La Corte Suprema autorizó un aumento para los judiciales

A partir de esto, los miembros del máximo tribunal le solicitaron a la Jefatura de Gabinete "la modificación de las paritarias presupuestarias vigentes".
martes, 14 de septiembre de 2021 · 21:37

A través de la Acordada 17/2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció una suba salarial de 10% a partir de julio y luego de 12,5% desde septiembre para todos los niveles del Poder Judicial. En este caso, ambos aumentos son remunerativos y bonificables.

Esta medida del tribunal, que se da luego de que la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) informara la solicitud para la "liquidación del retroactivo", tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de los empleados del sector. Asimismo, se pidió que la Jefatura disponga de "los recursos financieros necesarios para afrontar el correspondiente incremento".

Los reclamos de los judiciales estaba directamente relacionado con el "avance del proceso inflacionario".

La decisión fue firmada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ronsenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti. Asimismo, estampó su sello el administrador del tribunal Héctor Daniel Marchi.

 

Qué pasó con la UEJN la semana pasada

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación realizó el jueves pasado un paro de nivel nacional, que además incluyó una movilización hasta los tribunales metropolitanos y cada dependencia del interior del país. Julio Piumato, quien lidera el espacio, exigió el cobro del aumento del del 15%, retroactivo a julio último y otro 10% a partir de septiembre.

Además, el dirigente solicitó que el acuerdo incluya una cláusula de revisión y sostuvo que "sin salarios dignos no puede haber justicia en Argentina". Por último, reclamó la incorporación inmediata del gremio al directorio de la obra social de la actividad y advirtió la necesidad de frenar "el ingreso ilimitado de escritos".

Este paro significó la quinta semana consecutiva de huelgas y marchas en demanda del cumplimiento del acuerdo paritario. En esa línea, en los días previos a la última movilización, los judiciales habían detenido todas las actividades por casi dos días y medio.